La entidad financiera denegó la solicitud presentada por la empresa Latin Events, LLC, al determinar que no existe una sentencia con carácter definitivo que respalde la pretensión de inmovilizar fondos públicos.
SANTO DOMINGO. – El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) rechazó formalmente una solicitud de embargo retentivo contra las cuentas de la Junta Central Electoral (JCE), interpuesta por la empresa estadounidense Latin Events, LLC, en el marco de una disputa por una supuesta deuda millonaria.
La institución bancaria fundamentó su negativa en lo dispuesto por la Ley 86-11 y la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, las cuales prohíben taxativamente la inmovilización de fondos públicos en entidades de intermediación financiera, a menos que exista una sentencia con carácter definitivo y ejecutorio.
La postura de la JCE
Ante el intento de embargo por una cifra ascendente a los 108,720,000 pesos —incluyendo intereses—, la JCE informó que interpuso un recurso de apelación, debidamente notificado a la contraparte para comparecer ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La JCE, en un comunicado oficial, reiteró su firme posición respecto a la inexistencia de dicho compromiso:
Ausencia de autorización: La institución asegura que no existe evidencia de que el Pleno de la JCE ni su presidente autorizaran la contratación de los servicios reclamados.
Defensa del erario: El organismo electoral enfatizó que demostrará ante los tribunales que la obligación reclamada es inexistente, en aras de preservar la integridad y el correcto uso de los fondos públicos.
El origen del conflicto
La disputa gira en torno a una sentencia homologada el pasado 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Según el documento, la empresa Latin Events alega que la JCE firmó un acuerdo el 30 de octubre de 2023 por un monto de un millón de dólares para servicios de registro de votantes, impresión de boletos, suministros de alimentos y campañas publicitarias dirigidas a la diáspora dominicana en Nueva York y estados aledaños.
La JCE ha manifestado que llevará el proceso hasta las últimas instancias judiciales para desestimar la validez del alegado contrato y proteger los recursos de la institución frente a lo que califica como una pretensión carente de fundamento legal.
