La Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó revisar la medida de coerción del magistrado, quien continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
SANTO DOMINGO. – El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presuntamente solicitar sobornos a un ciudadano bajo investigación y recibir 10,000 dólares en el marco de una entrega controlada, fracasó en su nuevo intento por obtener la libertad, luego de que un tribunal ratificara su prisión preventiva.
La jueza Nancy Joaquín, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, desestimó la solicitud de revisión de la medida de coerción presentada por la defensa técnica del encartado, encabezada por el abogado Valentín Medrano.
Sustento del Ministerio Público
Durante la audiencia, la barra del Ministerio Público estuvo representada por Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, acompañado de los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez. Los representantes del órgano persecutor solicitaron al tribunal mantener la privación de libertad, argumentando que los presupuestos que motivaron la medida original no han variado.
De acuerdo con las investigaciones, a Valdez Alcántara se le acusa de haber exigido inicialmente 200,000 dólares a una persona investigada, monto que posteriormente habría reducido a 150,000 dólares, además de manifestar interés en la adquisición de un reloj Rolex y exigir un vehículo marca Mercedes Benz. El Ministerio Público le imputa la presunta violación de diversas disposiciones del Código Penal dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Historial procesal y reveses judiciales
El imputado permanece recluido desde el pasado mes de mayo en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia de San Cristóbal.
Esta decisión representa el segundo revés judicial consecutivo para el fiscal en pocas semanas, recordando que el pasado 29 de junio la jueza Joaquín Guzmán también había rechazado otra solicitud de variación, respaldando una resolución previa dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Tras esta última negativa, la magistrada fijó la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción para el próximo 3 de septiembre.
