Santo Domingo – La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, solicitó formalmente a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 10 de la Ley núm. 10-04, disponga una auditoría especial al Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y a todos los recursos públicos destinados al proceso de reforma policial durante el periodo 2021–2026.
Esta solicitud surge en un momento en que el Gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley como parte de la denominada reforma policial. Ante la apertura de esta nueva etapa, la organización política sostiene que el país merece respuestas claras sobre la gestión anterior. Tras seis años de anuncios y multimillonarias inversiones, la ciudadanía tiene el derecho de conocer el costo real de este proceso y los resultados verificables alcanzados.
Desde 2021, la reforma policial ha sido presentada como una de las políticas públicas centrales del Gobierno. Sin embargo, la persistencia de la inseguridad y los hechos de violencia que afectan al país generan dudas sobre el impacto real de las inversiones anunciadas año tras año.
Alcance de la auditoría solicitada
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo considera indispensable que el órgano auditor determine:
El monto total invertido en la reforma policial entre 2021 y 2026.
Los recursos ejecutados a través del Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional.
El destino final de los fondos y el grado de ejecución de los proyectos financiados.
El nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para dichos recursos.
La correspondencia entre la inversión realizada y los resultados institucionales obtenidos.
Al inicio del proceso, los coordinadores de la reforma enfatizaron que la transformación institucional debía cimentarse en auditorías y evaluaciones independientes; un criterio que, a juicio de la Fuerza del Pueblo, debe aplicarse ahora a la gestión de los fondos públicos.
Transparencia como obligación
Josefina Reynoso subrayó que la rendición de cuentas debe ser constante y no selectiva. “Si el Gobierno sostiene que ha desarrollado una reforma policial efectiva durante seis años, tiene el deber de rendir cuentas. Antes de pedirle al país que confíe en una nueva etapa, debe explicar qué hizo con los recursos ya recibidos, qué metas cumplió y por qué la ciudadanía no percibe una transformación proporcional a la inversión realizada”, afirmó la dirigente.
Finalmente, la Fuerza del Pueblo reiteró que esta solicitud es un ejercicio legítimo de fiscalización democrática y defensa del interés público. Los recursos destinados a la reforma pertenecen a la sociedad dominicana y la rendición de cuentas es una obligación constitucional que fortalece, y no debilita, a las instituciones del Estado.
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