La ministra Faride Raful indicó que el decreto 308-06 se mantendrá aplicándose durante el plazo de dos años otorgado por el TC, mientras el Congreso Nacional trabaja en la elaboración de una nueva ley
SANTO DOMINGO. – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este miércoles que el Gobierno acoge y respeta la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el decreto 308-06, el cual regula desde el año 2006 los horarios de venta y expendio de bebidas alcohólicas en centros de diversión nocturna.
Sin embargo, la funcionaria aclaró que, tal como estableció el alto tribunal, la medida restrictiva continuará vigente durante un período transitorio de dos años, lapso en el cual el Poder Legislativo deberá consensuar y aprobar un marco legal definitivo.
«El Tribunal Constitucional estableció un plazo de dos años durante el cual continuará aplicándose el decreto vigente desde 2006, mientras el Congreso Nacional trabaja en una nueva ley que podrá entrar en vigor antes de ese plazo. Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país», expresó Raful a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.
El fallo del Tribunal Constitucional
La decisión del TC se originó tras una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Víctor Mateo Vásquez, bajo el argumento de que una limitación de esta naturaleza debe estar contenida en una ley formal emanada del Congreso Nacional y no en un decreto del Poder Ejecutivo.
En su dictamen, el órgano constitucional concedió un plazo de dos años a partir de la sentencia para que el Congreso legisle sobre la materia, abarcando la regulación en colmados, discotecas, bares, casinos y centros nocturnos.
Tras las declaraciones de la titular de Interior y Policía, el abogado accionante saludó la postura institucional asumida por la funcionaria: «¡Excelente, ministra! Esa es la actitud. Tómense un tiempo prudente, pero elaboren una ley garantista a favor de la dignidad de las personas y delimiten sus atribuciones como sucede en todo Estado de Derecho», escribió Vásquez en redes sociales.
Finalmente, la ministra Raful reiteró que el compromiso primordial de la institución que encabeza sigue siendo la protección de la vida, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en todo el territorio nacional.