El Estado sumó en promedio 130 empleados por día entre mayo de 2025 y mayo de 2026, según datos de la Sisalril.
Santo Domingo.– La nómina del sector público de la República Dominicana alcanzó los 780,060 empleados en mayo de 2026, lo que representa un incremento de 35,789 trabajadores en comparación con el mismo mes de 2025, equivalente a un crecimiento interanual de 4.8 %, de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
Las cifras indican que, durante ese período, el Estado incorporó un promedio de 130 nuevos empleados por día, reflejando la continuidad de la expansión del aparato estatal.
Crecimiento sostenido en la última década
Los datos muestran que la cantidad de servidores públicos ha mantenido una tendencia ascendente en los últimos años.
Entre mayo de 2017 y mayo de 2026, la nómina pública pasó de 576,324 a 780,060 trabajadores, lo que supone un aumento de 203,736 empleados y un crecimiento acumulado de 35.4 % en un período de diez años.
Este comportamiento evidencia una expansión constante del empleo en las instituciones del Estado.
Mayor impacto sobre el gasto público
El incremento de la nómina pública no solo representa un mayor desembolso en salarios, sino que también implica un aumento en otros compromisos financieros asumidos por el Estado.
Cada nueva contratación conlleva costos adicionales relacionados con las contribuciones a la seguridad social, regalía pascual, vacaciones, prestaciones laborales y, en muchos casos, obligaciones futuras vinculadas al sistema de pensiones.
De acuerdo con la Ley General de Presupuesto del Estado, las remuneraciones constituyen el principal componente del gasto público, por lo que un crecimiento sostenido del número de empleados incrementa los recursos que el Gobierno debe destinar de forma permanente para cumplir con estas obligaciones.
Recursos financiados por los contribuyentes
El análisis señala que los recursos destinados al pago de la nómina pública provienen, directa o indirectamente, de los contribuyentes.
En ese sentido, una expansión continua del empleo estatal implica que una mayor proporción de los recursos generados por la actividad económica se destine al financiamiento del aparato gubernamental, reduciendo la disponibilidad de esos fondos para el ahorro, la inversión, el emprendimiento y el consumo por parte de ciudadanos y empresas.
