El jurista y dirigente político sostuvo que el decreto 308-06 ya había quedado sin efecto desde el año 2022 por una resolución interministerial, y exhortó a los ministros David Collado y Faride Raful a retirar dichas restricciones.
SANTO DOMINGO. – El jurista Roberto Rosario calificó este jueves como carente de “objeto y utilidad pública” la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), mediante la cual se declaró inconstitucional el Decreto núm. 308-06, que históricamente ha regulado los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares y centros de diversión del país.
A través de un comunicado público, Rosario explicó que el referido decreto del año 2006 ya había sido dejado sin efecto jurídico a raíz de la resolución conjunta emitida el 11 de abril de 2022 por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Interior y Policía, la cual endureció y amplió las restricciones horarias y prohibió el despacho de bebidas a domicilio.
Sustento legal y antecedentes judiciales
«Es decir, desde el 11 de abril del 2022, las medidas de restricción que han estado vigentes se sustentan en la resolución emitida en el gobierno del presidente Luis Abinader por los ministerios citados», puntualizó el exfuncionario.
El especialista en derecho recordó además que, desde ese mismo año, su bufete de abogados asumió la representación de cientos de dueños de colmados para interponer un recurso de nulidad ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Aunque la solicitud fue rechazada inicialmente en primera instancia, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) casó dicha decisión en agosto de 2025, ordenando un nuevo juicio de fondo que aún se encuentra pendiente de fallo en el TSA.
Exhortación al Gobierno y plazo del TC
Ante este escenario, Rosario hizo un llamado directo a los titulares de Turismo, David Collado, y de Interior y Policía, Faride Raful, para que procedan a retirar la medida ministerial vigente, al considerar que continúa vulnerando derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.
La postura del jurista surge a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional de diferir los efectos de su sentencia por un plazo de dos años (a partir de la notificación emitida el pasado martes 28 de julio), tiempo durante el cual el decreto permanecerá operativo mientras el Congreso Nacional elabora y aprueba una legislación formal sobre la materia.
