La pieza legislativa, impulsada por el senador Santiago Zorrilla y aprobada en la última legislatura, busca blindar el patrimonio histórico, arqueológico y monumental de la República Dominicana ante el abandono y la destrucción.
SANTO Domingo. – El Senado de la República aprobó el pasado viernes un nuevo proyecto de ley que reconfigura el régimen de protección estatal sobre los artefactos, inmuebles y espacios declarados patrimonio de la nación. La iniciativa, que ahora pasa a manos de la Cámara de Diputados, otorga amplias facultades al Gobierno para intervenir y expropiar aquellos bienes culturales cuyo propietario demuestre incapacidad o negligencia para conservarlos adecuadamente.
El proyecto fue estructurado por el senador por la provincia El Seibo, Santiago Zorrilla, quien argumentó durante su presentación que el patrimonio cultural dominicano se encuentra cada vez más amenazado por la dinámica social y económica, lo que podría derivar en un «empobrecimiento nefasto de la historia del país».
Régimen de sanciones y multas pecuniarias
La legislación establece un esquema punitivo riguroso con multas tasadas en salarios mínimos para disuadir las infracciones contra el patrimonio nacional:
Omisión de declaración: Multa de 3 a 6 salarios mínimos para quienes omitan declarar ante el Ministerio de Cultura la posesión de bienes patrimoniales.
Deterioro o destrucción intencional: Sanción de 50 a 100 salarios mínimos, además de la obligación imperativa de costear la reparación y restitución total del bien afectado.
Exportación ilegal: Resarcimiento de 20 a 50 salarios mínimos para propietarios que exporten bienes culturales sin la debida autorización del Poder Ejecutivo.
Intervenciones no autorizadas: Multas de 20 a 40 salarios para quienes realicen exploraciones, remociones o excavaciones en patrimonios monumentales, arqueológicos o subacuáticos sin aval gubernamental. La sustracción de piezas tipificará el delito de robo bajo las disposiciones del Código Penal.
Uso indebido de monumentos: Sanciones de 20 a 40 salarios para quienes coloquen publicidad, apoyen construcciones, pinten letreros, grafitis o mensajes sobre cualquier estructura protegida. Asimismo, los objetos culturales extranjeros en posesión ilícita en el país serán tratados legalmente como artículos robados.
Responsabilidad financiera y expropiaciones
En materia de mantenimiento, la normativa estipula que el Ministerio de Cultura asumirá los costos financieros correspondientes al mantenimiento, reparación y puesta en valor de los monumentos nacionales que se encuentren en manos de particulares, excluyendo de dicha responsabilidad los gastos derivados de modificaciones o daños generados por los dueños.
El aspecto más disruptivo de la pieza es la facultad conferida al Poder Ejecutivo para expropiar bienes culturales cuando se compruebe que el propietario se ha mostrado incapaz de garantizar su preservación. Dicho proceso requerirá la emisión previa de un decreto de ejecución y el pago de una justa compensación económica basada en una tasación formal.
Próximos pasos legislativos
La pieza fue aprobada en el Senado justo antes de concluir la legislatura ordinaria el pasado 26 de julio. De ser acogida y sancionada en dos discusiones consecutivas por la Cámara de Diputados a partir del próximo 16 de agosto, el texto definitivo quedará a la espera de la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, para su posterior promulgación u observación.
