Ambas naciones anunciaron su retirada del tribunal internacional criticando un supuesto sesgo hacia el sur global, en una decisión que coincide con la postura de la administración Trump contra el organismo.
CARAGUÁ / N'DJAMENA. – Las tensiones en torno a la justicia penal internacional volvieron a escalar este lunes tras las decisiones de Venezuela y Chad de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar formalmente los trámites para su salida definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI). Estas deserciones se suman a una lista de Estados que cuestionan el enfoque del tribunal y coinciden con la campaña de presión emprendida por la administración de Estados Unidos encabezada por Donald Trump.
El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, formalizó la denuncia contra el tratado constitutivo, acusando a la CPI de acumular expedientes instrumentalizados para agredir a los pueblos del sur global, motivo por el cual ratificó la salida definitiva de la nación suramericana.
Tres días más tarde, este lunes, el gobierno de Chad siguió los mismos pasos al anunciar el inicio de su retirada del Estatuto de Roma. Las autoridades chadianas argumentaron una «eficacia limitada» por parte del organismo judicial y denunciaron que la institución ha concentrado desproporcionadamente su actividad punitiva en los países del sur global desde el inicio de sus operaciones en 2002.
Antecedentes y otros países fuera de la CPI
La salida de Caracas y N'Djamena se inscribe en una tendencia de rechazo institucional que ya cuenta con precedentes en la última década:
Burundi: Se convirtió en el primer país en abandonar formalmente el tribunal en 2017, tras el inicio de pesquisas sobre violaciones graves y violencia política.
Filipinas: El entonces presidente Rodrigo Duterte retiró al país en 2019 en respuesta a un examen preliminar sobre los abusos cometidos en su polémico programa de seguridad contra las drogas.
Níger: Consumó su salida este mismo año, sumándose a la postura de los gobiernos militares de la Alianza de los Estados del Sahel, los cuales calificaron a la corte de «herramienta neocolonial» y denunciaron parcialidad.
Malí y Burkina Faso: Los socios restantes del bloque del Sahel también han anunciado formalmente su intención de apartarse del sistema de justicia internacional.
En contraste, procesos previos iniciados por otros Estados quedaron sin efecto, tal es el caso de Gambia —cuya salida bajo el régimen de Yahya Jammeh fue revocada por un gobierno democrático sucesor en 2017— y de Sudáfrica, cuya notificación de retiro tras la controversia diplomática por la visita del expresidente sudanés Omar al-Bashir fue declarada inconstitucional por sus tribunales internos.
A estos movimientos se suman potencias globales como Estados Unidos, Rusia, China, Israel e India, las cuales nunca llegaron a ratificar el tratado o decidieron retirar sus firmas en las fases iniciales de la arquitectura de la corte.
