El nuevo mandatario, quien asumió el poder el pasado 7 de agosto, ha tenido que volcar su agenda en la atención de la emergencia en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, en medio de discrepancias sobre las cifras oficiales de víctimas.
BOGOTÁ. – Con apenas horas en el ejercicio del cargo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se enfrenta a la prueba de fuego más compleja de su reciente administración: un potente terremoto de magnitud 7.4 —catalogado por el Servicio Geológico Colombiano como el sismo más fuerte del siglo en el país— que ha dejado un trágico saldo de víctimas mortales, miles de heridos y daños infraestructurales generalizados.
El movimiento telúrico ocurrió el pasado lunes a las 07:34 hora local, con epicentro en las inmediaciones del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en los límites con el Valle del Cauca y Risaralda. La catástrofe obligó a De la Espriella a aparcar de inmediato la agenda inicial de seguridad de su gobierno para trasladarse a las zonas devastadas y coordinar las labores de rescate.
Controversia por los balances oficiales y centralización
Pese a las promesas iniciales del nuevo Ejecutivo de impulsar la descentralización y dar mayor protagonismo a las regiones, la gestión de la crisis ha estado marcada por la centralización de los informes. Por instrucción directa de la Presidencia, toda la información oficial sobre las víctimas pasó a ser divulgada de manera exclusiva por el Gobierno central, lo que ha generado divergencias con los conteos preliminares ofrecidos por las autoridades locales.
Este martes, el presidente De la Espriella cifró en 181 los fallecidos a nivel nacional. Sin embargo, la sumatoria de los reportes emitidos por los gobiernos departamentales presentaba cifras superiores:
Valle del Cauca: ~130 fallecidos.
Risaralda: ~90 fallecidos.
Chocó: ~14 fallecidos.
Caldas: ~6 fallecidos. (Para un acumulado regional preliminar de aproximadamente 240 víctimas).
Asimismo, el mandatario detalló que la emergencia ha dejado 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, además de graves afectaciones en 85 centros de salud y unas 74 carreteras del centro y oeste del país.
Transición administrativa en medio del desastre
La tragedia golpea a Colombia en un momento de plena transición gubernamental tras la salida de Gustavo Petro. La falta de comunicación fluida entre los equipos saliente y entrante ha obligado a los nuevos ministros a gestionar la catástrofe mano a mano con funcionarios de la administración anterior.
Un ejemplo de esta transición accidentada se dio en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde su anterior director, Javier Pava, debió dirigir la respuesta durante las primeras horas críticas antes de ceder formalmente el testigo al geólogo David Tamayo Roldán, designado por De la Espriella con el mandato de sanear la institución tras los escándalos de corrupción de la era pasada.
