El estado de California demandó al presidente Donald Trump y a Golden State Wind para anular un acuerdo de 120 millones que cancela un gran parque eólico marino, advirtiendo sobre la pérdida de miles de empleos.
LOS ÁNGELES. – El estado de California presentó este viernes una demanda formal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el desarrollador inmobiliario Golden State Wind, con el objetivo de anular un acuerdo valorado en 120 millones de dólares que frenó de manera abrupta la construcción de un estratégico parque eólico marino frente a las costas de Morro Bay.
El fiscal general del estado, Rob Bonta, calificó la maniobra federal de ilegal y aseguró que la cancelación del contrato de arrendamiento pone en riesgo 174,750 empleos potenciales en el sector de las energías limpias, además de retrasar por años el desarrollo de la industria eólica marina en la costa oeste del país.
Impacto económico y los términos del acuerdo cuestionado
El conflicto se originó tras una concurrida subasta federal celebrada en 2022, en la cual Golden State Wind se adjudicó la concesión en el Área de Energía Eólica de Morro Bay para levantar un proyecto de 2 gigavatios. El contrato original incluía inversiones sociales obligatorias superiores a los 30 millones de dólares destinados a la formación laboral, el fortalecimiento de la cadena de suministro y ayudas directas a comunidades locales, incluidas asociaciones pesqueras.
No obstante, el pasado mes de abril, el Departamento del Interior (DOI) anuló la concesión mediante un pacto a puerta cerrada:
El Gobierno federal acordó pagar 120 millones de dólares a Golden State Wind para que renunciara al contrato de arrendamiento eólico.
Como contraparte, se exigió a la empresa reinvertir una suma equivalente en proyectos de combustibles fósiles fuera del territorio californiano.
“La compra a puerta cerrada que la Administración Trump realizó a Golden State Wind para detener el desarrollo de la energía eólica marina en favor de la extracción de gas y petróleo es, lamentablemente, una táctica clásica para enriquecer a sus donantes de la industria petrolera”, sentenció Bonta mediante un comunicado oficial.
Una ofensiva federal contra las energías renovables
Esta acción legal no constituye un caso aislado dentro de la política energética de la actual administración. A inicios de mes, la Casa Blanca concretó un acuerdo similar al comprometerse a pagar 1,220 millones de dólares a la firma RWE U.S. Offshore a cambio de la renuncia a tres contratos de arrendamiento eólico marino en las costas de California, Nueva York y Luisiana.
Con esta demanda, las autoridades californianas buscan frenar lo que consideran un desvío ilegal de fondos públicos y un boicot institucional contra la transición hacia fuentes de energía limpia en el estado.
