El representante estatal de Massachusetts, Francisco Paulino, fue arrestado y acusado de 11 cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero por más de 700,000 dólares en ayudas por la COVID-19.
BOSTON. – El representante estatal de Massachusetts por el distrito 16 de Essex (que abarca las localidades de Lawrence y Methuen), Francisco Paulino, de 61 años y originario de la República Dominicana, fue arrestado este miércoles tras ser encausado por un gran jurado federal en Boston bajo una acusación formal que contempla once cargos criminales.
De acuerdo con el expediente judicial, Paulino enfrenta ocho cargos de fraude electrónico y tres cargos de lavado de dinero, por presuntamente orquestar un esquema fraudulento para apropiarse de más de 700,000 dólares en fondos federales de asistencia económica vinculados a la pandemia de COVID-19, recursos que posteriormente habría desviado para la adquisición de bienes raíces y para financiar préstamos privados a clientes de su firma hipotecaria. Su comparecencia inicial ante un tribunal federal de Boston está prevista para las 2:00 p. m. de este mismo día.
Detalle de los cargos y esquemas fraudulentos
Según la investigación de las autoridades federales, las irregularidades se cometieron a través de diferentes modalidades ejecutadas entre 2020 y 2021, antes de que el acusado asumiera un cargo público:
1. Fraude al Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA)
Entre abril de 2020 y septiembre de 2021, Paulino solicitó y obtuvo de manera irregular más de 44,000 dólares en beneficios del programa PUA a nombre de un familiar de 77 años que presuntamente desconocía la maniobra.
Utilizó su empresa, Madison Tax, LLC, simulando que el familiar había trabajado allí en 2019 mediante documentos falsificados.
Los fondos recibidos fueron desviados para cubrir gastos inmobiliarios, cuotas de préstamos y transferencias a su cuenta de campaña política.
2. Mal uso de préstamos para desastres económicos (EIDL)
El congresista estatal obtuvo ayudas de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) destinadas exclusivamente a capital de trabajo para empresas afectadas por la pandemia, dándoles usos ilícitos:
Caso Jackson Enterprise, Inc.: Constituida como "restaurante-cafetería" a finales de 2019 sin ingresos previos reales, obtuvo un préstamo EIDL por 136,600 dólares en julio de 2020 tras inflar las cifras de ingresos. Parte de ese dinero se destinó a la compra de bienes raíces en Lawrence.
Desvíos desde Madison Tax: Tras recibir un aumento de capital de 292,600 dólares en octubre de 2021, Paulino transfirió sumas considerables a su otra compañía (Madison Mortgage, Inc.) para financiar hipotecas privadas a terceros por un total de 220,000 dólares, cobrando además tasas de interés de hasta el 7.94 % y miles de dólares en comisiones de originación.
Manipulación de préstamos a clientes: La fiscalía detalla que Paulino solicitó un aumento de EIDL por 243,200 dólares a espaldas de un cliente de su gestoría fiscal, persuadiéndole de dejar el dinero en su cuenta corporativa para luego "prestarle" 200,000 dólares que fueron redirigidos a otra hipoteca inmobiliaria administrada por él mismo.
Posibles sanciones penales
De acuerdo con las normativas federales de los Estados Unidos:
Los cargos por fraude electrónico conllevan una pena máxima de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y multas de hasta 250,000 dólares por cada cargo.
Los cargos por lavado de dinero prevén condenas de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y multas de hasta 250,000 dólares.
Las penas definitivas serán determinadas por un juez del distrito federal con base en las directrices de sentencia establecidas en el sistema judicial estadounidense.
