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Ministerio Público asegura estar listo para presentar pruebas contra Hugo Beras y Jochi Gómez en caso de la red semafórica del Intrant

El fiscal Jonathan Pérez Fulcar ofreciendo declaraciones a la prensa a la salida del tribunal.

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 El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar denunció que la barra de la defensa buscó aplazar la audiencia, mientras el órgano persecutor reitera que cuenta con los elementos probatorios para demostrar la culpabilidad de los implicados.


Ministerio Público listo para probar culpabilidad de Hugo Beras y Jochi Gómez

SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público afirmó este martes que se encuentra totalmente preparado para presentar los alegatos de apertura y los primeros testimonios con los que busca demostrar la culpabilidad del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y del empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), junto a los demás coacusados en el proceso por presunta corrupción administrativa vinculado a la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Al término de la sesión en el tribunal, el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar lamentó ante los medios de comunicación que la vista no pudiera desarrollarse conforme a lo previsto debido a los recursos dilatorios de los abogados de la defensa.

«En el día de hoy el Ministerio Público vino listo para conocer la audiencia que se sigue contra Hugo Beras, José Gómez Canaán y compartes; sin embargo, como a veces pasa, o ya muy comúnmente, las defensas tenían otro plan», expresó Pérez Fulcar.

Siguientes pasos del proceso judicial

El fiscal representante del órgano persecutor ratificó que, una vez superados los trámites procesales y las tácticas de aplazamiento presentadas por los imputados, el Ministerio Público procederá a exponer formalmente su teoría del caso y a desilar las pruebas documentales, periciales y testimoniales en el orden establecido en el expediente depositado ante el tribunal.

El caso investiga las presuntas irregularidades y el esquema de corrupción en el millonario contrato adjudicado para el sistema de regulación semafórica y control de tráfico del Gran Santo Domingo, un proceso que ha acaparado la atención de la opinión pública nacional y del sistema judicial dominicano.


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