La medida fue emitida por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional tras la reiterada incomparecencia de la imputada ante los tribunales.
SANTO DOMINGO. – El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, emitió este jueves una orden de arresto contra la creadora de contenido Claudia Pérez, conocida popularmente como "La Tora", en respuesta a una querella por difamación e injuria interpuesta por la periodista Iluminada Muñoz.
La decisión judicial se fundamenta en la evasión constante de la imputada, quien, según la representación legal de Muñoz, ha hecho caso omiso a múltiples citaciones emitidas por el Ministerio Público durante un proceso de investigación que se ha extendido por dos años.
Antecedentes y proceso judicial
La abogada de la periodista, Emery Colomby Rodríguez, destacó la labor de las autoridades en este caso y enfatizó que Pérez ha evitado comparecer ante la justicia a pesar del llamado formal de las autoridades. Por su parte, Iluminada Muñoz expresó su satisfacción ante este avance, precisando que este proceso legal fue iniciado en 2024.
Un historial marcado por la recurrencia judicial
Este nuevo dictamen se suma a un historial de conflictos legales que han rodeado a Claudia Pérez en los últimos años:
Sentencia previa: Hace dos meses, la imputada fue condenada a un año de prisión en el centro Najayo Mujeres y al pago de cinco millones de pesos como indemnización tras una demanda del diputado Sergio Moya (Gory). Dicha condena se encuentra actualmente en fase de apelación.
Incidentes pasados: Pérez ha sido protagonista de otros episodios de notoriedad pública, incluyendo su detención en 2016 tras disturbios frente a la Junta Central Electoral en Pedro Brand.
Procesos familiares: Tanto la creadora de contenido como su hija, Ingrid Jorge, mantienen diversos procesos abiertos en los tribunales por presunta vulneración a la honra de figuras públicas y funcionarios.
La orden de arresto representa un nuevo capítulo en la confrontación legal de Pérez, cuya gestión de citaciones judiciales ha sido cuestionada reiteradamente por las víctimas de sus querellas por difamación.
