Durante un taller especializado con periodistas de la fuente judicial, la alta funcionaria destacó que la institución se ha preparado durante más de un año, incorporando 70 nuevos tipos penales, 140 abogados para víctimas y el nuevo Registro Nacional de Agresores Sexuales.
SANTO DOMINGO. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó de manera categórica que el Ministerio Público se encuentra «absoluta y totalmente preparado» para asumir la entrada en vigencia de la Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal, tras culminar un riguroso proceso de capacitación intensiva y adecuación técnica e institucional que se ha extendido por más de un año.
Las declaraciones fueron ofrecidas por la magistrada durante el desarrollo del taller formativo titulado «Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación», un espacio dirigido específicamente a periodistas de investigación judicial, comunicadores especializados y caricaturistas del país.
Preparación operativa y recursos reforzados
Frente a las interrogantes sobre la capacidad logística del órgano persecutor para implementar el nuevo marco punitivo, Reynoso subrayó que la institución no aguardó por la aprobación final de la pieza para estructurar su capacidad técnica:
«El código era una necesidad de la sociedad. Nos fuimos preparando desde el punto de vista de las víctimas y de nuestro personal técnico y fiscal. El Ministerio Público está absoluta y totalmente preparado para lidiar con esta nueva normativa», enfatizó.
Como parte de este reforzamiento institucional, la funcionaria detalló los principales pilares operativos desplegados:
Capacitación continua: A través de la Escuela del Ministerio Público y el IES-ENMP (con su rectora Marien Montero presente), se ha instruido de forma intensiva a los fiscales en el dominio del nuevo articulado, contemplando además la formación de una nueva promoción de fiscales de carrera y próximas convocatorias.
Relevos y asistencia legal: Se han habilitado 100 nuevos fiscales relevos distribuidos estratégicamente en los 37 distritos judiciales del país, respaldados por la integración de 140 abogados enfocados exclusivamente en la asistencia integral y protección de las víctimas.
Un código adaptado al siglo XXI
Reynoso recordó que el Ministerio Público impulsó formalmente la actualización del texto punitivo ante las cámaras legislativas al constatar que la legislación anterior, aunque pilar histórico, había quedado completamente obsoleta ante las modalidades delictivas del siglo XXI, especialmente los crímenes perpetrados a través de tecnologías.
La normativa incorpora 70 nuevos delitos, elevando a 109 los tipos penales tipificados, los cuales dotan al Estado de un marco de persecución más efectivo y con mayor capacidad disuasiva, a pesar de que el Ministerio Público ya venía investigando conductas similares bajo doctrinas jurídicas previas. Al evento asistieron destacados procuradores adjuntos como Osvaldo Bonilla, José Viterbo Cabral, Iván Vladimir Féliz y Fiordaliza Alduey.
Defensa al cúmulo de penas y proporcionalidad
Al abordar las críticas emitidas por criminólogos respecto al impacto del cúmulo de penas —que alcanza hasta los 60 años de prisión para delitos extremos— sobre la reinserción social y el hacinamiento carcelario, Reynoso defendió firmemente la potestad del legislador.
La magistrada argumentó que no todos los crímenes ni todos los infractores poseen la misma naturaleza, citando como ejemplo casos de alto impacto social como el del denominado «Chamán Chacra», para evidenciar que no se puede aplicar un criterio uniforme de rehabilitación temporal. Asimismo, rechazó que las políticas de seguridad ciudadana deban subordinarse a la capacidad penitenciaria:
«No se puede garantizar la seguridad de un país dejando en libertad a quienes cometen delitos graves únicamente para evitar el aumento de la población carcelaria», aseveró, abogando por un equilibrio que priorice el dolor de las víctimas y la protección de toda la ciudadanía.
Registro Nacional de Agresores Sexuales y seguimiento sociojudicial
Entre las innovaciones más destacadas de la Ley 74-25, la Procuradora resaltó la reestructuración del catálogo sancionador mediante medidas de control social y el seguimiento sociojudicial.
Como punto clave, se anunció la puesta en marcha oficial del Registro Nacional de Agresores Sexuales, una base de datos centralizada y bajo estricta custodia de la Procuraduría General de la República. Esta herramienta funcionará mediante protocolos técnicos rigurosos para la depuración de personal en áreas sensibles, tales como instituciones educativas y espacios con presencia de niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables, emulando modelos internacionales de prevención y control de reincidencia.
