La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) requirió una prórroga para robustecer el expediente sobre la presunta red de desfalco que habría defraudado al Estado por más de 19,000 millones de pesos.
SANTO DOMINGO. – La Procuraduría General de la República solicitó formalmente este martes una prórroga de cuatro meses al juez de instrucción competente para presentar la acusación formal en contra del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve coimputados vinculados a una millonaria red de corrupción administrativa.
El requerimiento fue depositado ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional por los titulares de la Dirección de Persecución y de la PEPCA, Wilson Camacho y Mirna Ortiz, siendo remitido para su conocimiento al magistrado Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción. El tribunal tendrá la responsabilidad de notificar a las partes y fijar la fecha para la audiencia donde se evaluará la solicitud de extensión del plazo investigativo.
Imputados y medidas de coerción
El expediente judicial incluye, además de Santiago Hazim, a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los primeros cinco cumplen actualmente prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma permanece bajo arresto domiciliario.
El grupo también comprende a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes colaboraron con las investigaciones tras admitir ante el tribunal haber pagado sobornos a la cúpula directiva de Senasa, lo que les permitió obtener una variación de su medida de coerción hacia el arresto domiciliario.
Una estafa mil millonaria al sistema de salud
De acuerdo con las indagatorias de la persecución penal, la red operó de manera sistemática entre 2020 y 2025, estructurando un esquema de corrupción que inicialmente cifró el desfalco al Estado dominicano en más de 15,000 millones de pesos, una cifra que las pesquisas ampliadas han elevado a más de 19,000 millones de pesos en perjuicio del sistema público de riesgos de salud.
A los implicados se les imputan graves delitos tipificados en el Código Penal y leyes especiales, tales como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos. El Ministerio Público adelantó que el proceso continúa abierto, por lo que no se descarta la vinculación de nuevas personas físicas y jurídicas conforme avancen las diligencias procesales.
