La monumental obra de dos tomos y 1,387 páginas fue presentada por la Escuela Nacional de la Judicatura, la Academia Dominicana de la Lengua y el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía tras casi seis años de trabajo lexicográfico.
SANTO DOMINGO. – Con el objetivo de facilitar el acceso al lenguaje del derecho y promover una justicia más transparente y cercana a la ciudadanía, fue presentado oficialmente el Diccionario jurídico dominicano, la primera obra académica de carácter general enfocada en la terminología legal del país.
El proyecto editorial, materializado en dos tomos que suman un total de 1,387 páginas, se desarrolló a lo largo de cinco años y ocho meses bajo la dirección del reconocido jurista y lexicógrafo Fabio J. Guzmán Ariza, una iniciativa cuya gestación comenzó hace una década.
Una herramienta rigurosa y accesible
La obra recopila un total de 10,056 términos definidos, acompañados de 11,201 acepciones y respaldados por 12,716 citas extraídas directamente de fuentes legales y jurisprudenciales nacionales, lo que documenta con precisión el uso del vocabulario en el ámbito del derecho dominicano.
Durante el acto de presentación, celebrado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, Guzmán Ariza señaló que el compendio busca sumarse al movimiento global en favor del lenguaje claro en la administración pública y judicial. En ese sentido, destacó que, aunque el texto es una guía indispensable para jueces, abogados y estudiantes de Derecho, fue concebido para que cualquier ciudadano pueda comprender las leyes y sentencias.
"Comprender las normas que nos rigen no debe ser privilegio de los juristas, sino un derecho de toda la ciudadanía", afirmó el autor durante su intervención.
Actualización permanente y reconocimientos
Ante la constante evolución del marco normativo y la jurisprudencia en la República Dominicana, el director de la obra propuso la creación de un equipo de trabajo permanente que dé seguimiento a las reformas legales y garantice actualizaciones periódicas del diccionario.
Durante la actividad, el autor agradeció el respaldo institucional de distintas figuras y entidades clave, destacando el apoyo del magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; la gestión de Dariel Suárez Adames y Ángel Brito Pujols al frente de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) en las diferentes etapas del proyecto; así como la asesoría lexicográfica de Ruth Ruiz Pérez, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua.
