El presidente del Senado restó gravedad a la medida adoptada por Contrataciones Públicas contra los 10 legisladores, calificándola de un procedimiento rutinario e inoportuno en su divulgación, al tiempo que aseguró que ninguno mantiene contratos vigentes con el Estado.
SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, salió al paso de las recientes suspensiones del Registro de Proveedores del Estado (RPE) aplicadas a 11 empresas vinculadas a 10 legisladores, aclarando que dicha disposición no constituye una sanción, sino una simple notificación administrativa de carácter preventivo.
Tras la medida adoptada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en cumplimiento de la Ley 47-25, De los Santos cuestionó el manejo comunicacional de la información, calificando como «inoportuno» que se hiciera pública en este momento.
«Ninguno mantiene contrataciones activas»
Durante sus declaraciones, el presidente de la Cámara Alta defendió a sus colegas de hemiciclo asegurando que ninguno de los senadores señalados mantiene actualmente contratos vigentes con el Estado. Asimismo, puntualizó que varios de los legisladores afectados ya no fungen como accionistas de las sociedades comerciales con las que se les ha vinculado.
En la misma línea se pronunció el senador Antonio Marte, uno de los afectados por las medidas de la DGCP, quien recordó que este tipo de restricciones e incompatibilidades les fueron comunicadas formalmente desde el año 2020, reiterando de manera enfática que las empresas bajo su nombre no comercializan bienes ni servicios con el sector público.
La aclaración de la directiva del Senado busca calmar las especulaciones en torno a la aplicación del nuevo marco legal de Contrataciones Públicas, el cual prohíbe de forma absoluta la participación accionaria o gerencial de funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía en empresas proveedoras del Estado.