La coalición civil señaló que la decisión de cuatro magistrados de no someterse a la evaluación de desempeño evidencia fallas sistémicas que desincentivan la permanencia de la experiencia judicial, lamentando particularmente el caso de la jueza de carrera Nancy Salcedo.
SANTO DOMINGO. – La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó este lunes su profunda preocupación ante la renuncia de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a someterse al proceso de evaluación convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), advirtiendo que este hecho exige un análisis urgente sobre las condiciones institucionales que garantizan la confianza en el sistema de justicia.
Durante una rueda de prensa, la entidad —integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana, la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)— recordó que la evaluación de desempeño es un mandato constitucional concebido para legitimar el Poder Judicial, el cual debe regirse por la absoluta transparencia, el debido proceso y la motivación de las decisiones.
Preocupación por el retiro de trayectorias judiciales
Si bien la ROI reconoció y respetó el derecho individual de los magistrados sobre la continuidad de sus carreras, cuestionó el trasfondo institucional de estas dimisiones:
«Cuando personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro del Poder Judicial deciden retirarse antes de ser evaluadas, corresponde preguntarse si el sistema está generando las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en este mecanismo constitucional y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial», subrayó la red.
La organización destacó de manera particular los casos de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez. Sobre Salcedo Fernández, la ROI lamentó que su salida trunque lo que calificó como «una posibilidad histórica» de que, por primera vez, una jueza de carrera asumiera la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, recordaron que, aunque en diciembre de 2025 la presencia femenina en el alto tribunal ascendió a cinco juezas, esta cifra sigue estando lejos de cumplir el mandato constitucional de paridad y participación equilibrada.
Llamado a la transparencia y motivación del CNM
La coalición civil también cuestionó la efectividad de los mecanismos de apertura institucional del CNM. Aunque valoraron la reciente publicación de las actas de los procesos de designación celebrados a finales de 2025, calificaron la medida como insuficiente al argumentar que los documentos omiten los fundamentos que justifican las decisiones tomadas.
«La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos. Significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos», puntualizó la entidad.
Finalmente, la ROI exhortó al CNM a conducir las evaluaciones bajo estrictas reglas de juego que garanticen la igualdad de trato, la observación ciudadana efectiva y la protección de la carrera judicial, advirtiendo que la legitimidad de la justicia dominicana depende de la confianza que inspire tanto en los propios operadores del derecho como en la ciudadanía.
