El empresario y comunicador sugirió que, si se argumenta un conflicto de intereses por pertenecer a instituciones del Estado, la misma restricción debería aplicarse a todos los empleados públicos. La postura se alinea con reflexiones previas emitidas desde el ámbito constitucional.
SANTO DOMINGO. – El empresario, productor y CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, abrió un nuevo debate en la palestra pública al plantear que los agentes de la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana deberían tener el derecho a ejercer el sufragio en los procesos electorales, a pesar de la prohibición establecida actualmente en el texto constitucional.
A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de Instagram, Matías argumentó que los miembros de los cuerpos armados y del orden público comparten la condición de servidores estatales, por lo que cuestionó la justificación legal que los excluye de las urnas.
«Los agentes de la Policía Nacional y militares tienen el derecho al voto en las elecciones en República Dominicana, al igual que los demás empleados que trabajan en el Estado dominicano. De no ser así, debería prohibirse que todo el que trabaja en dependencias del Gobierno ejerza su derecho al sufragio por un supuesto conflicto de intereses», expresó el comunicador en su mensaje.
Precedentes en el debate constitucional
El planteamiento formulado por el empresario resuena con debates recientes surgidos en altas instancias del sistema de justicia del país.
Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre de 2025, la magistrada del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, afirmó públicamente que el país ha llegado a un punto en el que amerita replantearse la incorporación de los miembros de las instituciones castrenses y policiales a la vida democrática activa mediante el voto.
«A mi correcto juicio, es tiempo ya de ir pensando en que a los miembros de las instituciones militares y policiales se le incorpore a la escena social», manifestó la jueza constitucional durante una intervención pública.
A pesar de estas posturas y propuestas de apertura institucional, el marco legal vigente en la República Dominicana mantiene inhabilitados a los militares y policías activos para votar o participar en actividades políticas partidistas, una medida tradicionalmente orientada a garantizar la neutralidad y la apoliticidad de los cuerpos encargados de la seguridad nacional y ciudadana.
