El magistrado Deiby Timoteo Peguero decidirá si otorga un plazo adicional de cuatro meses solicitado por el Ministerio Público o si intima a la Procuraduría a presentar el acto conclusivo en el expediente por presunta estafa millonaria.
SANTO DIOMNGO. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para este miércoles, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que se conocerá la solicitud de prórroga presentada por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz. El órgano persecutor procura obtener cuatro meses adicionales para presentar la acusación formal en el marco de la investigación que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Senasa (Senasa), Santiago Hazim, y a otros nueve coimputados.
Durante la audiencia, el juez con control de las investigaciones, Deiby Timoteo Peguero, deberá ponderar si concede la extensión del plazo al Ministerio Público o si, por el contrario, procede a intimar a la institución para la presentación del acto conclusivo. La convocatoria fue debidamente notificada a la barra de la defensa, al ministerio fiscal y a los representantes legales del Estado dominicano.
Situación jurídica de los implicados
En este expediente figuran como imputados principales Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Por su parte, Ada Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
Asimismo, el grupo incluye a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes también guardan arresto domiciliario tras haber admitido ante el tribunal su participación en el esquema de sobornos dirigido a Hazim y otros funcionarios de la institución de salud, una colaboración procesal que les permitió modificar su medida de coerción.
Detalles de la investigación
Las pesquisas del Ministerio Público señalan a la red de corrupción como presunta responsable de defraudar al Estado dominicano por montos inicialmente calculados en más de 15,000 millones de pesos, cifra que auditorías e investigaciones posteriores han elevado a superar los 19,000 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente, el entramado habría operado entre los años 2020 y 2025, vulnerando el sistema público de riesgos de salud. A los implicados se les imputan los presuntos delitos de:
Coalición de funcionarios
Prevaricación
Asociación de malhechores
Estafa contra el Estado dominicano
Desfalco
Cobro de sobornos y lavado de activos
Falsificación y uso de documentos falsos
El órgano persecutor reiteró que el proceso legal continúa abierto, por lo que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación formal.
