El director de la Pepca criticó que, tras el fallo del Segundo Tribunal Colegiado que desestimó el pedido de Jean Alain Rodríguez, otros implicados presentaran recursos similares para retrasar el proceso.
SANTO DOMINGO. – El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó como acertada la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de rechazar la solicitud de extinción de la acción penal interpuesta por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
Sin embargo, Camacho cuestionó enfáticamente que, de manera sucesiva, otros dos imputados en el denominado caso Medusa presentaran incidentes idénticos con el propósito de frenar el avance del juicio de fondo. Según el titular de la Pepca, estas acciones forman parte de una estrategia constante para "incidentalizar" el proceso judicial y evitar que se conozcan las acusaciones a profundidad.
Fundamentos del tribunal sobre la extinción penal
El rechazo al recurso presentado por Rodríguez se produjo tras la ponderación de las juezas del tribunal colegiado, quienes determinaron que los plazos de un proceso penal complejo no pueden medirse bajo criterios estrictamente matemáticos. El colegiado subrayó que se deben evaluar las circunstancias particulares del expediente y concluyó que no existió negligencia por parte del sistema de justicia que justificara la extinción de la acción penal.
Minutos después de conocerse el fallo, la defensa del exprocurador anunció que recurrirá la decisión ante la Corte de Apelación, mientras que el tribunal quedó compelido a conocer y fallar sobre las nuevas solicitudes introducidas por los demás procesados antes de reanudar el debate sobre el fondo de las imputaciones.
Un expediente complejo y millonario
El caso Medusa, considerado uno de los procesos por presunta corrupción administrativa más grandes del país, tiene como principal encartado a Jean Alain Rodríguez, quien dirigió el Ministerio Público entre 2016 y 2020.
De acuerdo con el expediente acusatorio del Ministerio Público —el cual supera las 12,000 páginas y cuenta con miles de elementos probatorios—, la red de corrupción que operó presuntamente desde la Procuraduría General habría provocado pérdidas al Estado superiores a los 6,000 millones de pesos.
