El procurador adjunto Wilson Camacho exigió la pena máxima contra Antonio y Maribel Espaillat en el inicio del juicio de fondo por el colapso de la discoteca Jet Set, asegurando que las pruebas sostienen una condena.
SANTO DOMINGO. – El procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó este viernes que el Ministerio Público espera obtener una sentencia condenatoria contra Antonio y Maribel Espaillat, y sostuvo que el tribunal debe imponer la pena máxima que permite el tipo penal por el cual son procesados.
Tras concluir la primera jornada del juicio de fondo en la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, la cual avanzó sin aplazamientos, Camacho valoró la disposición inicial del proceso y ratificó que el órgano acusador cuenta con los elementos probatorios necesarios para demostrar la responsabilidad de los imputados.
“Esperamos que al final de este proceso se produzca una sentencia condenatoria. Una decisión sobre la base de la prueba que hemos presentado no puede tener otro final que no sea el de una sentencia condenatoria”, expresó el magistrado ante los medios de comunicación.
El peso del dolor frente al límite del Código Penal
Camacho reconoció que, debido a que el proceso se rige bajo los parámetros del antiguo Código Penal, incluso una sanción con la pena máxima resulta insuficiente para dimensionar el impacto humano de la tragedia.
Magnitud del daño: El colapso cobró la vida de 236 personas, dejó más de 80 heridos y generó una estela de huérfanos que afecta directamente a más de 200 familias.
Posición institucional: “Una sentencia condenatoria, en este caso aún a la pena máxima, que es lo que debe suceder, no reflejará el daño que han recibido más de 200 familias... Lo menos que podía hacer el sistema por estas víctimas, y valorando correctamente unos hechos que han destrozado el corazón de estas familias y el alma del pueblo dominicano, es dictar una sentencia condenatoria y condenar al máximo”, enfatizó.
Defensa de la vía penal frente a cuestionamientos
Ante los planteamientos de ciertos sectores jurídicos que sugieren que el caso debería ventilarse exclusivamente en el ámbito civil, Camacho defendió con firmeza la procedencia y viabilidad de la acción penal.
Recordó que el expediente ha superado con éxito las etapas procesales previas, desde la imposición de medidas de coerción hasta la emisión de un auto de apertura a juicio por parte de un juez de instrucción.
“El juicio se va a definir con pruebas, y las pruebas van a permitir al Ministerio Público que este tribunal dicte una sentencia condenatoria conforme a los hechos que hemos acusado”, concluyó el procurador adjunto, reiterando que la fiscalía acudió al tribunal con un expediente sólido y preparado para evitar dilaciones indebidas.
