La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) advirtió que el Gobierno pretende fusionar los ministerios de Educación y de Educación Superior utilizando su mayoría en el Congreso Nacional, a espaldas del consenso social.
SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó su rechazo total a cualquier intento de fusionar los ministerios de Educación (MINERD) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), advirtiendo que el Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) buscan aprovechar su mayoría legislativa en el Congreso Nacional para imponer la medida.
Así lo denunció Menegildo De la Rosa, secretario de comunicaciones del gremio magisterial, quien sostuvo que la iniciativa gubernamental mantiene vivos los planes de unificación institucional a pesar del amplio rechazo que la propuesta inicial generó en diversos sectores de la sociedad dominicana durante el proceso de consulta.
Cuestionan falta de transparencia y el Decreto 309-26
De la Rosa recordó que, tras la fuerte oposición inicial, el Ejecutivo frenó el decreto original de fusión y posteriormente emitió el Decreto 309-26 para crear una comisión encargada de estructurar una propuesta de transformación del sistema educativo. Sin embargo, el dirigente cuestionó que los resultados de las consultas realizadas no hayan sido transparentados públicamente por las autoridades.
«Quieren imponer mediante ley una reforma que no ha sido consensuada con la comunidad educativa ni con la sociedad dominicana», enfatizó el portavoz de la ADP.
El representante del magisterio aclaró que el gremio no se opone a una transformación profunda de la educación nacional —recordando que cuentan con propuestas concretas emanadas de su congreso pedagógico celebrado en abril pasado—, pero rechazó categóricamente que se pretenda condicionar el cambio estructural a la aprobación de una nueva ley para unificar carteras ministeriales o modificar el esquema de financiamiento del sector.
Déficits estructurales frente a la reforma
Para la ADP resulta contradictorio que el Gobierno impulse una reestructuración de esta magnitud mientras el sistema educativo continúa arrastrando carencias históricas y operativas.
Entre los problemas más urgentes señalados por el sindicato figuran:
Graves déficits de aulas y falta de cupos escolares para los estudiantes.
Escasez de mobiliario, docentes y personal administrativo.
Carencia de laboratorios adecuados en los centros educativos.
Obras de construcción y reparación paralizadas durante años.
De la Rosa concluyó señalando que estas problemáticas prioritarias no requieren de una nueva legislación para ser resueltas, sino de una planeación eficiente, correcta ejecución presupuestaria y la defensa intransigente de los recursos provenientes del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación preuniversitaria.
