El abogado Carlos Balcácer aseguró que el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez fue víctima de extorsión en la red de cohecho de la Operación Lobo. El juicio preliminar fue aplazado para el 5 de octubre.
SANTO DOMINGO. – El abogado defensor Carlos Balcácer aseguró este lunes que su cliente, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González —acusado por el Ministerio Público de pagar más de 108 millones de pesos en sobornos para adjudicarse contratos de seguridad en la ARS Senasa y en las empresas distribuidoras de electricidad (EDE)—, no debió ser incluido como imputado, sino procesado como testigo o víctima de una red de extorsión encabezada por funcionarios públicos.
La revelación se dio en el marco del aplazamiento de la audiencia preliminar del caso, conocido como Operación Lobo, la cual fue postergada para el próximo 5 de octubre a las 9:00 de a maña por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, Deiby Timoteo Peguero.
Detalles del aplazamiento judicial
El aplazamiento fue dictado debido a la ausencia de algunos de los 14 implicados en el proceso, en su mayoría miembros de cuerpos castrenses. Entre los motivos figuraron la presentación de una licencia médica por parte del exdirector de Edenorte, coronel de la Fuerza Aérea Andrés Pacheco Valera, así como la falta de traslado al tribunal de los imputados Wellington Peralta Santos (primer teniente del Ejército y seguridad del Inaipi) y el coronel Ramón Quezada Ortiz (seguridad de Edeeste).
La nueva fecha también servirá para que todas las partes formalicen la notificación de las «concretizaciones civiles» presentadas por los abogados del Estado en procura de un resarcimiento económico para el erario.
Acusaciones de extorsión y "calendario de pagos"
De acuerdo con la tesis de la defensa expuesta por Balcácer, los pagos correspondientes a los contratos de la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase) eran deliberadamente retrasados por la estructura de funcionarios para presionar al empresario a ceder y pagar las coimas exigidas.
El jurista sostuvo que fue el propio Rodríguez González quien entregó a las autoridades los documentos, nombres y ubicaciones de los restaurantes y oficinas donde se efectuaban las reuniones con los supuestos extorsionistas para pactar los montos de los porcentajes ilegales a cambio de agilizar sus desembolsos en el Banco de Reservas.
«Era una estructura vinculada al calendario de pago. Al señor lo desvalijaron prácticamente para que él cobrara al día», expresó Balcácer, quien además afirmó que en el expediente actual aún faltan funcionarios por ser investigados.
Implicados en la Operación Lobo
El expediente, que investiga una presunta red de cohecho en licitaciones de seguridad institucional, incluye entre sus 14 imputados a figuras como el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, además de varios coroneles y oficiales de las fuerzas armadas y la policía asignados a distintas dependencias públicas, junto a las razones sociales vinculadas a los principales procesados.
