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Nuevo proyecto en el Senado busca eliminar exoneraciones de vehículos a congresistas y sustituirlas por asignación institucional

Senado busca eliminar exoneraciones de vehículos a congresistas desde 2028

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 El senador Félix Bautista depositó un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones fiscales de vehículos a los legisladores y sustituirlas por autos institucionales a partir de 2028.


Senado busca eliminar exoneraciones de vehículos a congresistas desde 2028

SANTO DOMINGO. – Las polémicas exoneraciones de vehículos de las que disfrutan los legisladores dominicanos vuelven a ocupar la agenda del Congreso Nacional. El senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista (Fuerza del Pueblo), depositó un nuevo proyecto de ley que busca eliminar de manera definitiva este beneficio y sustituirlo por la asignación de un vehículo oficial de propiedad institucional para el ejercicio de las funciones congresuales.

La iniciativa, presentada al inicio de la actual legislatura, plantea que el Estado dominicano —a través de las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados— entregue un automóvil a cada congresista al inicio del período constitucional, eliminando por completo la franquicia para importar vehículos libres de impuestos y gravámenes.

Mecanismo propuesto y vigencia diferida

De acuerdo con el articulado del proyecto, el esquema de asignación y las características técnicas de los vehículos quedarían determinados mediante resoluciones internas adoptadas por las propias cámaras legislativas. La propuesta dispone además la derogación de las normativas que sustentan el régimen actual, incluidas la histórica Ley 50 de 1966 y la Ley 57-96, esta última responsable de permitir a cada legislador importar hasta dos vehículos exentos de tributos durante su gestión.

Para evitar conflictos de aplicación inmediata sobre el mandato en curso, la iniciativa establece una vigencia diferida a partir del 16 de agosto de 2028, fecha que coincidirá con el inicio del siguiente período constitucional.

Bautista argumenta en los considerandos de la pieza que, si bien la labor de representación exige a los legisladores mantenerse en contacto permanente con sus comunidades y desplazarse de manera segura, las exoneraciones fiscales forman parte de un conjunto de prerrogativas que deben ser revisadas y desmontadas gradualmente en aras de la transparencia institucional.

Un historial de iniciativas estancadas

El nuevo intento legislativo choca con un prolongado historial de propuestas similares que históricamente se han quedado estancadas en las comisiones de trabajo sin llegar a convertirse en ley.

Entre los antecedentes más recientes figuran:

 Alexis Victoria Yeb (PRM): Depositó en noviembre un proyecto para mantener la importación de dos vehículos, pero imponiendo un tope de valor de hasta 150,000 dólares y prohibiendo su transferencia por un plazo de cuatro años. La iniciativa perimió sin discusión.

 Pedro Martínez (Alianza País): Propuso en la Cámara de Diputados eliminar las franquicias aduanales y otorgar un vehículo utilitario a cada congresista.

 Eugenio Cedeño (PRM): Planteó asignar un monto fraccionable de hasta 120,000 dólares para la adquisición de hasta dos unidades.

Pese a la diversidad de fórmulas presentadas por distintos legisladores, el denominador común ha sido la falta de consenso y la inacción parlamentaria para aprobar el desmontaje de sus propios privilegios.

El impacto fiscal de las exoneraciones

La persistencia del debate ocurre en un contexto de escrutinio público sobre el costo fiscal de este régimen. Según datos suministrados por la Dirección General de Aduanas (DGA), entre el año 2020 y julio de este 2026, los congresistas importaron un total de 499 vehículos amparados en sus prerrogativas.

De ese total, más de 170 unidades correspondieron a modelos de lujo y deportivos de alta gama, incluyendo marcas exclusivas como Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce. Dicha cantidad de importaciones representó para el Estado dominicano un dejar de recaudar 2,140 millones de pesos en impuestos y aranceles.

Con la introducción de esta nueva pieza, el Senado de la República se encuentra nuevamente ante la disyuntiva de debatir la reforma de un sistema de privilegios arraigado, cuyo destino final dependerá de que logre superar el filtro de las comisiones legislativas que en el pasado sepultaron iniciativas similares.


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