Entre marzo y agosto de 2026, la Contraloría General fiscalizó 337 inmuebles estatales, autorizando 328 contratos para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
SANTO DOMINGO. – La Contraloría General de la República (CGR) informó este miércoles que, como resultado de su proceso de fiscalización técnica desarrollado entre marzo y agosto de 2026, fueron inspeccionados 337 inmuebles vinculados a contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas, de los cuales 328 recibieron la autorización de no objeción.
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, detalló que estas operaciones involucran compromisos contractuales por un monto conjunto superior a los RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones.
Desglose de las inspecciones y alcance nacional
Las labores de evaluación estuvieron a cargo de distintas dependencias técnicas de la institución:
El Departamento de Ingeniería y Arquitectura inspeccionó 243 inmuebles, otorgando 236 autorizaciones de no objeción.
La Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental evaluó otros 94 inmuebles y aprobó 92.
De acuerdo con el reporte oficial, la CGR recibió un total de 351 solicitudes de inspección durante el período, de las cuales 337 concluyeron su evaluación y 14 permanecen en fase de programación o revisión. Los inmuebles analizados corresponden predominantemente a oficinas administrativas, almacenes, estacionamientos y centros educativos privados alquilados para la docencia pública, abarcando tanto nuevas contrataciones como renovaciones.
Aunque el alcance de las fiscalizaciones es de carácter nacional —con operaciones registradas en provincias como Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná—, los volúmenes económicos más altos se concentraron en el Gran Santo Domingo. Entre las dependencias con mayor demanda figuró el Ministerio de la Mujer, con 56 solicitudes vinculadas principalmente a casas de acogida y oficinas institucionales (39 inspecciones completadas al cierre del corte).
Fortalecimiento del control previo
Espinosa enfatizó que este mecanismo técnico busca comprobar sobre el terreno que cada metro cuadrado alquilado responda a una necesidad real y justificada del Estado, evitando que los trámites de control previo se reduzcan a meras formalidades burocráticas.
«Cada inmueble que el Estado alquila debe responder a una necesidad real y reunir las condiciones que justifiquen su contratación [...] Nuestro propósito es que el control sirva para prevenir, ordenar y ofrecer mayores garantías del manejo pulcro de los bienes del Estado», puntualizó el funcionario.
Estas inspecciones se ejecutan con carácter obligatorio desde el pasado 1ro. de marzo, amparadas en la normativa interna que busca robustecer la fiscalización previa en los arrendamientos estatales y aportar rigor técnico a la toma de decisiones administrativas.
