La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó el embargo conservatorio e hipoteca judicial por RD$500 millones contra Antonio y Maribel Espaillat por el colapso de la discoteca Jet Set.
SANTO DOMINGO. – La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó el embargo por RD$500 millones impuesto contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, en el marco del proceso judicial que se les sigue por el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril de 2025 y que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Con esta decisión, el tribunal confirma las medidas de embargo conservatorio, embargo retentivo e hipoteca judicial sobre los bienes, activos y valores vinculados a los imputados y a terceros civilmente responsables, las cuales habían sido dictadas originalmente por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Rechazan recurso de la defensa
La defensa técnica de los hermanos Espaillat había recurrido la medida con el objetivo de dejar sin efecto la coerción real, proponiendo en su lugar la sustitución por una fianza equivalente al monto autorizado y cuestionando el impacto patrimonial de la decisión.
El recurso de apelación involucraba además a Evelyn Espaillat, Ana Grecia López y a un conjunto de empresas vinculadas al proceso corporativo, entre las que figuran Inversiones E y L, Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio e Inversiones CCEP-2.
El origen de la medida se remonta al pasado 15 de junio, fecha en la que el juez Raymundo Mejía dictó auto de apertura a juicio de fondo contra los imputados y autorizó las trabas judiciales hasta por la referida suma para garantizar las indemnizaciones a las víctimas y querellantes.
En pleno juicio de fondo
Antonio y Maribel Espaillat enfrentan actualmente un juicio de fondo que dio inicio a finales del mes de agosto con la lectura formal de la acusación presentada por el Ministerio Público, así como de las constituciones en actor civil de los familiares y afectados.
El Ministerio Público imputa a los propietarios del centro nocturno la presunta violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, tipificados como homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, mientras el proceso continúa su curso en los tribunales ordinarios de la capital.
