Un juez de Espaillat impuso 18 meses de prisión preventiva y declaró complejo el proceso contra los hermanos Iván Arias e Yosilda Báez, acusados por la muerte de Albert de Jesús Aracena Núñez en Moca.
MOCA, Espaillat. – Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Espaillat dictó 18 meses de prisión preventiva contra los hermanos Iván Arias Espinosa y Yosilda Altagracia Báez Espinosa, quienes son investigados por su presunta participación en la muerte y el ocultamiento del cadáver de Albert de Jesús Aracena Núñez.
El trágico caso conmocionó a la demarcación tras conocerse que la víctima permaneció desaparecida durante más de tres semanas, hasta que su cuerpo sin vida fue localizado enterrado en una zona de matorrales de la comunidad La Chancleta, en el municipio de Moca. Además de acoger la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, el tribunal declaró el caso de tramitación compleja, otorgando mayores plazos para robustecer la investigación y las pruebas.
Lugares de reclusión y acusación preliminar
De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, los imputados cumplirán la medida en recintos carcelarios distintos:
Iván Arias Espinosa fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, ubicado en Moca, bajo la imputación preliminar de ser presunto coautor del homicidio y del ocultamiento del cuerpo.
Yosilda Altagracia Báez Espinosa cumplirá la prisión preventiva en la cárcel para mujeres de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, señalada por su presunta colaboración en las acciones destinadas a esconder el cadáver.
Las pesquisas apuntan que ambos hermanos están vinculados al establecimiento comercial New York Grill, situado en la comunidad de Hincha, lugar donde Aracena Núñez fue visto por última vez con vida antes de su desaparición, ocurrida el pasado 4 de agosto.
Reacción de la defensa
Al término de la audiencia, los abogados de la barra de la defensa rechazaron categóricamente la decisión judicial y anunciaron que interpondrán un recurso de apelación ante un tribunal superior.
Los representantes legales argumentaron que la medida cautelar estuvo supuestamente influenciada por la presión pública en torno al proceso y criticaron el manejo dado al expediente. En tanto, el Ministerio Público continuará profundizando las indagatorias para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y definir las responsabilidades penales individuales.
