El Gobierno emitió el decreto 615-26 que declara prioridad nacional combatir el terrorismo medioambiental, aplicando sanciones de 20 a 30 años de cárcel a infractores.
SANTO DOMINGO. – El Gobierno dominicano emitió este miércoles el decreto 615-26, mediante el cual declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al denominado terrorismo medioambiental, estableciendo que las agresiones deliberadas contra los parques nacionales y los recursos naturales críticos recibirán una persecución penal implacable y penas de 20 a 30 años de prisión.
La normativa fue presentada formalmente durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, acompañado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, entre otros altos funcionarios.
Un antes y un después en la seguridad de las áreas protegidas
Durante su intervención, el mandatario señaló que, históricamente, las áreas protegidas del país padecieron desatención y carecieron de seguridad jurídica elemental, revelando que al inicio de su gestión se constató con sorpresa que gran parte de estos espacios ni siquiera poseían títulos de propiedad a nombre del Estado, un rezago que aseguró ya comenzó a revertirse mediante un proceso de titulación nacional.
Abinader advirtió de manera categórica que muchos de los incendios forestales recientes —tales como el registrado en el Parque Nacional de Bahoruco— responden a acciones delictivas planificadas que buscan destruir la flora, la fauna, las cuencas hidrográficas y la seguridad alimentaria de la nación.
«Habrá acciones más drásticas y persecuciones firmes contra nacionales dominicanos y extranjeros que incurran en estos ilícitos», sentenció el jefe de Estado, enfatizando que se giraron instrucciones precisas a las Fuerzas Armadas, a la Dirección General de Migración y a los organismos de inteligencia para que tanto los autores materiales como los determinadores o patrocinadores enfrenten el mismo peso de la ley.
Puntos clave del Decreto Núm. 615-26
La nueva disposición normativa establece un marco integral de actuación interinstitucional y endurecimiento punitivo:
Declaratoria de Alto Interés (Art. 1): Prioriza la prevención, detección e investigación del terrorismo medioambiental, equiparando los daños graves a los recursos naturales críticos con las normativas antiterroristas vigentes.
Activos Protegidos (Art. 2): Otorga salvaguarda prioritaria a los sistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.
Coordinación Institucional (Art. 3 y 4): Instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a Migración a diseñar una Política Nacional de Prevención y Combate frente a incendios forestales provocados y amenazas a la infraestructura hídrica.
Persecución Penal (Art. 5 y Código Penal): Dispone la remisión inmediata de los infractores ante el Ministerio Público, aplicando sanciones drásticas que oscilan entre 20 y 30 años de cárcel, eliminando la impunidad que permitía a los depredadores recuperar su libertad a los pocos días.
Participación Ciudadana (Art. 6): Habilita plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para garantizar la protección de los ciudadanos colaboradores.
