La informalidad en la vigilancia privada en el país deja de aportar unos RD$67,000 al año por cada puesto, acumulando pérdidas millonarias para la seguridad social, según expertos del sector.
SANTO DOMINGO. – La alta incidencia de la informalidad en el sector de la vigilancia privada en la República Dominicana provoca pérdidas estimadas entre los 2,000 y 3,000 millones de pesos anuales en aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), de acuerdo con proyecciones basadas en datos sectoriales.
Tomando como referencia el salario mínimo vigente de RD$24,633 mensuales para los trabajadores de seguridad y las tasas establecidas por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), se calcula que por cada puesto de vigilancia operado al margen de la formalidad se dejan de percibir aproximadamente RD$67,000 al año.
Estos recursos no recaudados equivalen a cerca del 22 % del salario cotizable de cada agente e incluyen las contribuciones obligatorias destinadas al Seguro Familiar de Salud (SFS), fondos de pensiones, riesgos laborales e Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), afectando tanto los fondos patronales como la retención laboral.
Impacto y riesgo diferido para miles de trabajadores
Estimaciones del sector indican que entre 30,000 y 45,000 vigilantes podrían laborar bajo esquemas informales en todo el territorio nacional. Esta situación deja a miles de servidores expuestos, desempeñando sus funciones sin que se realicen de manera regular los aportes que garantizan su cobertura médica y su fondo de retiro.
«El diferencial de precio entre un servicio formal y uno informal no es un ahorro, es un riesgo diferido», advirtió Eilin Díaz, gerente general de Grupo EULEN República Dominicana.
Falta de registros oficiales y llamado a la medición
En la actualidad, las instituciones del Estado no disponen de una cifra oficial unificada que detalle con exactitud cuántos agentes operan en la informalidad. Si bien la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada regula a las compañías del sector y la TSS reporta el total general de cotizantes, los datos no se encuentran desagregados específicamente para esta actividad económica.
«No se puede combatir lo que no se mide», enfatizó Díaz, al reiterar la necesidad de que los organismos reguladores publiquen estadísticas precisas que permitan dimensionar el problema.
Esta problemática cobra relevancia en un momento en que el país discute nuevas normativas orientadas a modernizar el marco legal de la seguridad privada y a reorganizar el uso de agentes policiales en servicios de protección a particulares.
