El presidente argentino Javier Milei firmó un decreto para acelerar las sanciones a petroleras y proveedores que operen en las islas Malvinas, reforzando la ley 26.659 y vetándolas del RIGI.
BUENOS AIRES. – El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, firmó este viernes un decreto orientado a agilizar los mecanismos legales para sancionar a las empresas petroleras y proveedores que operen en las islas Malvinas, territorio bajo control del Reino Unido cuya soberanía reclama históricamente el país sudamericano.
La medida, publicada oficialmente en el Boletín Oficial, refuerza la aplicación de la ley 26.659, aprobada por el Parlamento argentino en 2011, la cual penaliza las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina realizadas sin la debida autorización del Estado nacional.
El anuncio formaliza lo adelantado por el mandatario la noche del jueves durante una cadena nacional, donde advirtió que endurecería los controles y aceleraría las sanciones contra corporaciones, directivos, accionistas y empresas proveedoras que desarrollen operaciones al amparo de licencias concedidas por el gobierno isleño, consideradas ilegales por Buenos Aires.
Antecedentes y alcance de las inhabilitaciones
La normativa argentina ya había sido aplicada previamente en casos emblemáticos, como los castigos impuestos en 2013 a la británica Rockhopper y en 2022 a la israelí Navitas, ambas asociadas en el proyecto petrolero Sea Lion —ubicado a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas—, cuyas operaciones prevén iniciar la extracción comercial de crudo en marzo de 2028. Ambas compañías fueron inhabilitadas por un periodo de veinte años para operar en territorio argentino.
El nuevo decreto instruye a todos los organismos de la Administración Pública Nacional a reportar de manera inmediata a cualquier entidad que detecten operando irregularmente en el archipiélago, activando de forma automática los expedientes sancionadores.
La ley no distingue exclusivamente a las operadoras principales, sino que extiende las penas a quienes:
Tengan participación directa o indirecta en los proyectos hidrocarburíferos.
Presten servicios comerciales, económicos, financieros, logísticos, técnicos o de consultoría.
Los infractores se exponen a inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para desarrollar cualquier tipo de actividad económica en la Argentina. Actualmente, además de Navitas y Rockhopper, en la zona operan firmas como la británica Borders & Southern y la canadiense JHI, junto a diversas corporaciones de infraestructura y servicios.
Veto estricto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)
Como componente estratégico del decreto, el Gobierno dispuso que ninguna de las empresas sancionadas por infringir la ley de hidrocarburos en espacios marítimos soberanos podrá mantener vínculos, participar o ser admitida en proyectos amparados bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), instaurado en 2024 y que actualmente dinamiza numerosas iniciativas del sector energético en el país.
