El Tribunal Constitucional sancionó a la Policía Nacional, Inabima, DGJP y al Ministerio de Hacienda con millonarias astreintes por incumplir mandatos judiciales previos.
SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) emitió nuevas sentencias en las que sanciona a cuatro entidades del Estado por el incumplimiento persistente de órdenes judiciales, acumulando sumas millonarias en multas conminatorias (astreintes) a favor de ciudadanos afectados por la inacción administrativa.
Las decisiones reafirman el carácter vinculante e irrevocable de los fallos de la Alta Corte, advirtiendo que la falta de ejecución de sus mandatos vulnera flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Policía Nacional condenada por retener documentos laborales
Mediante la sentencia TC/0844/26, el Pleno del TC acogió una solicitud de liquidación de astreinte interpuesta por el ciudadano Isidro Díaz Rosario, condenando a la Dirección General de la Policía Nacional al pago de RD$520,000.00 por desacatar la sentencia TC/1104/24 del 30 de diciembre de 2024.
Aquel fallo primigenio ordenaba a la institución del orden entregar de forma inmediata la documentación de una investigación por presunta deserción seguida contra el afectado, junto a un informe sobre el estado del proceso, fijando una astreinte conminatoria de RD$2,000.00 diarios por cada día de retardo.
A pesar de que la decisión fue notificada formalmente el 6 de junio de 2025, la Policía Nacional omitió la entrega, lo que motivó que el tribunal contabilizara 260 días de retraso a la fecha de la demanda. La Alta Corte calificó la actitud de la institución como «reticente e irresponsable», recordando que el monto continuará acumulándose hasta que se ejecute la entrega definitiva.
Asimismo, mediante la sentencia TC/0736/26, el TC ordenó a la misma institución policial el pago de RD$2,845,000.00 a favor de Dulce María Lora Solís, viuda del general de brigada (r) José Antonio Feliciano Castillo, derivado del incumplimiento de una orden de 2022 para reconocer el ascenso del oficial y pagar el diferencial retroactivo de su pensión.
Inabima, DGJP y Hacienda sancionados con RD$950,000 por pensión retenida
En un segundo fallo, contenido en la sentencia TC/0851/26, el Tribunal Constitucional sancionó de manera solidaria al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y al Ministerio de Hacienda al pago de RD$950,000.00.
El caso responde a la acción de amparo presentada por la docente jubilada Yolanda del Carmen Solís de Rosario, a quien se le suspendió la pensión otorgada mediante el Decreto núm. 364-92.
El TC había ordenado mediante la sentencia TC/1463/25 que el Inabima transfiriera las cotizaciones a la DGJP y que, en conjunto con Hacienda, coordinaran la reactivación inmediata de la pensión y el pago retroactivo adeudado desde agosto de 2021. Ante el vencimiento del plazo de 30 días sin que las entidades ofrecieran cumplimiento ni defensa jurídica, el tribunal liquidó 95 días de retardo a razón de una astreinte solidaria de RD$10,000.00 diarios, advirtiendo que la penalidad seguirá corriendo hasta que se restituya por completo el derecho adquirido de la educadora.
